Xalapa, Ver.- El acceso a la justicia de las familias de personas desaparecidas es casi nulo, ante las fallas estructurales como la falta de una atención a víctimas, que a dos años de creada carece de reglamento, no hay un fondo de apoyo para la reparación del daño, y mucho menos un registro estatal confiable de desaparecidos.

Abiram Hernández, acompañante del Colectivo por la paz, participó en la mesa: “Derechos humanos y acceso a las justicia”, durante el coloquio “Veracruz, crisis y alternancia”, organizado por la Universidad Veracruzana (UV), donde afirmó que las familias de las personas tienen nulo acceso a la justicia en la entidad.

Según los registros federales, en Veracruz hay por lo menos 190 casos de personas desaparecidas y 189 desapariciones forzadas. Según las estadísticas del fuero común, hay una sumatoria de 27 mil 162 desaparecidos, de los cuales 492 fueron reportados en Veracruz.

El activista cuestionó que aun cuando desde 2012 en Veracruz existe una “Comisión estatal de atención a víctimas”, es inoperante, pues carece de un reglamento que diga cómo operar.

Cuestionó que esta ley, mandata la conformación de un fondo para la ayuda y reparación del daño de víctimas, que también es inoperante pues no está constituida por la falta de un reglamento, por lo cual se desconoce el uso de 40 millones que se le asignan anualmente.

Advirtió que también se desconoce qué se hace con los siete millones de pesos que se le asignan a la “Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

A esto se suma la inexistencia de un registro estatal de victimas, que reconozca el carácter jurídico de los familiares de desaparecidos y que las haga sujetas de derecho formal.

Abiram Hernández cuestionó que el acceso a la justicia de desaparecidos es una agenda que han impuesto los mismos familiares, pues es un tema que no le interesa a la autoridad de procuración de justicia.

Cuestionó también que la Fiscalía General de Justicia (FGE), tiene fallas graves, que van desde la falta de funcionamiento de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y un caos en su estructura orgánica, empezando por la dirección de Servicios periciales y la falta de capacitación de fiscales regionales.

A su consideración es urgente que desde el legislativo se ponga orden en el sistema de justicia y la FGE ordene su estructura para dar paso a la justicia.

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