Ciudad de México .- En México, los periodistas siguen vulnerables a juicios civiles por delitos contra el honor, alertó Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En entrevista con Grupo REFORMA, señaló que la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no está a la altura de los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión.

En cambio, dijo, los comunicadores están expuestos a demandas por daño moral, injuria, calumnia y difamación.

"Estamos atentos a una serie de demandas civiles, (que están) solicitando unas indemnizaciones desproporcionadas por el supuesto daño al honor y la reputación de funcionarios públicos o de ex funcionarios, que también pueden convertirse a una amenaza para la libertad de expresión", expuso el uruguayo quien estuvo ayer en el país en visita no oficial.

"La ley establece una suerte de responsabilidad objetiva: si la información, aún cuando sea cierta, produce una ofensa, ese es el factor de atribución de la responsabilidad y genera una sanción. Eso genera una inseguridad al trabajo periodístico".

Lanza indicó que, para los estándares internacional, un juicio sólo debe proceder cuando el periodista actúa con dolo y publica información falsa.

Aseguró que una sanción civil desproporcionada podría tener un efecto inhibitorio y de autocensura sobre otros periodistas.

Por ello, consideró necesario establecer topes a las sanciones económicas que se exigen a los periodistas, a fin de evitar sanciones desproporcionadas que asciendan a los millones de pesos.

El Relator de la CIDH, quien participó ayer en un foro sobre las leyes contra la libertad de expresión, expresó preocupación por los cinco juicios que enfrenta la periodista Carmen Aristegui tras la publicación de la investigación de la Casa Blanca, así como por la demanda contra Sergio Aguayo por parte del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

"Nos ha llamado la atención algunos mecanismos que podrían ser restricciones indirectas a la libertad de expresión, en particular el caso enigmático del despido de Carmen Aristegui del grupo de radio MVS", expuso.

Además reiteró la preocupación de la CIDH por los 70 reporteros asesinados en los últimos 10 años, de los cuales el 90 por ciento sigue en la impunidad.

El periodista y abogado estimó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) no ha sido eficaz en la atención de los casos, mientras que el mecanismo de protección de periodistas aún tiene problemas de implementación.

"La Fiscalía no es eficaz, pese a que tiene una reforma procesal que le permite atraer los casos más graves que se producen en los distintos estados, hay algo que no está funcionando", indicó.

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