Chihuahua.- La PGR investiga los más de 79 millones de pesos que se destinaron en la Administración de César Duarte al PRI estatal a través de retenciones ilegales a burócratas.

"La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la PGR, investiga hechos probablemente constitutivos de delitos electorales por descuentos aplicados en los salarios de las y los servidores públicos estatales en el estado de Chihuahua, en beneficio de un partido político", informó la PGR en un comunicado.

La denuncia fue presentada de manera formal por el Gobierno actual ante la Fepade y establece que, durante 2015, se realizaron retenciones salariales indebidas a más de 700 servidores públicos de diversas dependencias del Gobierno de Chihuahua, las cuales supuestamente fueron destinadas para apoyar a un partido político.

"Los Ministerios Públicos de la Federación, asignados al caso, en funciones de Fiscal Federal, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal, iniciaron una Carpeta de Investigación, en coordinación con los elementos de la Policía Federal Ministerial, con el fin de recopilar las pruebas que acrediten el delito electoral", detalló la dependencia.

De comprobarse estas retenciones ilegales podría constituirse el delito electoral establecido en el Artículo 11, Fracción V, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que sanciona a aquel servidor público que solicite a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.

El Gobierno de Javier Corral informó que se adjuntaron documentos que acredita cómo realizó la Secretaría de Hacienda descuentos a más de 700 funcionarios para entregarlos al secretario de Administración y Finanzas del PRI de Chihuahua, quien recibió en efectivo como aportaciones del Ejecutivo para el PRI Estatal.

Entre las pruebas presentadas destacan la relación de todos los servidores públicos a quienes les fue retenido parte de su ingreso, así como los talones de pago en los que se observa el monto que correspondía a cada persona y la cantidad que se recibió realmente una vez aplicado el descuento ilegal.

También copias de los cheques autorizados, endosados y cobrados cada mes, por los entonces funcionarios de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal.

De igual forma recibos firmados por el secretario de Administración y Finanzas del PRI estatal, por el monto total retenido cada mes, a los servidores públicos.

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