Ciudad de México.- Una editorial publicada ayer por The New York Times argumenta que para que la ley anticorrupción ayude a terminar con una cultura mexicana de corrupción, dependerá en gran parte de periodistas que sean capaces de investigar e informar sobre la clase dominante.

Agrega el diario que una reciente acumulación de pleitos contra periodistas, y una decisión judicial en mayo que implementó la indemnización por difamación, tienen un efecto negativo en el periodismo de investigación. Después de todos los obstáculos que se le han puesto a la prensa como la violencia y el hábito de la autocensura, indica el diario estadounidense.

Los legisladores podrían aprobar una ley que facilitara a los funcionarios públicos a demandar por difamación. El Presidente Enrique Peña Nieto, quien ha sido objeto de acusaciones, podría respaldar una ley de este tipo, agrega la editorial.

Carmen Aristegui encabezó la historia en 2014 sobre la construcción de una mansión para la esposa de Enrique Peña, Angélica Rivera, por parte de una empresa de construcción que se había adjudicado contratos del Gobierno.

La organización de noticias MVS se negó a publicar la historia, según Aristegui, y posteriormente el dueño, Joaquín Vargas, demandó a la periodista alegando “daños morales”, precisa el NYT.

Esa demanda, escribe el diario, es una de las 10 presentadas recientemente contra periodistas que han sido rastreadas por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la OEA, dijo que este tema genera alarma y que parece probable que algunos funcionarios públicos estén tomando ventaja de esto, cita la editorial.

II AGENCIA REFORMA