Ciudad de México.- Largas y sin reglas, las transiciones de Gobierno en los estados han generado limbos políticos que generan inestabilidad e impunidad, advierten especialistas, quienes se pronuncian por acortarlas y regularlas.

Daniel Barceló, investigador de la UNAM, especialista en transiciones y constitucionalismo estatal, afirma que normar la entrega de las administraciones locales es, aun hoy, una tarea pendiente.

"Lo que hicimos fue establecer las reglas de acceso al poder, es decir, normas e instituciones electorales. Lo que no hicimos, tras más de 27 años de alternancias, fue hacer las reglas de ejercicio del poder", advierte.

Tras la última reforma electoral, en 2013-2014, las fechas de las votaciones se adelantaron de julio a junio, se acortaron las campañas y se regularon las precampañas, pero se omitió adelantar las tomas de posesión de los Gobernadores.

Como resultado, las 12 entregas de poder estatal de este año tienen diversos plazos.

Desde 92 días en Hidalgo y Zacatecas hasta 241 días en Puebla, donde el Mandatario electo esperará casi ocho meses para tomar las riendas de una minigubernatura de sólo dos años.

En siete entidades, la transición oscila entre los 100 y los 200 días.

En contraste, en otros países, los periodos de transición son cortos y están reglamentados. En EU, por ejemplo, las elecciones para renovar Gobernador se realizan en noviembre y la toma de posesión es en enero.

La falta de regulación ha provocado que Mandatarios salientes, como Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y César Duarte (Chihuahua), realicen reformas y cambios administrativos a fin de protegerse de posibles acusaciones futuras.

El senador panista Ernesto Ruffo, quien fuera el primer Gobernador de Oposición en el País, sugiere que se reglamenten estos procesos.

"Las transiciones se han salido de control. Hay que poner todo tipo de candados antes de que se hipoteque el futuro de un Estado", expresa.

El último jefe del entonces Departamento del DF, Óscar Espinosa Villarreal, señala que, mientras no existan reglas para la transición, continuará abierta la oportunidad para la impunidad.

Ambos afirman que, además, es importante que las constituciones estatales impidan a los Mandatarios salientes realizar nuevos endeudamientos, nombramientos transexenales y cambios en la estructura de Gobierno.

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