Caracas.- En febrero de 1992 una intentona golpista buscó cumplir la promesa fallida de encarrilar el Estado y arrancar la pobreza de Venezuela, 25 años después la posibilidad de que un movimiento militar despierte para estremecer los cimientos de una nación atrapada en la crisis sigue latente.

Esta mañana, un movimiento de una veintena de hombres uniformados, varios de ellos civiles, asaltó un cuartel militar de blindados del Ejército, uno de los más importantes del país, y aunque fueron sofocados luego de haber entrado a la base, la idea del "golpe de Estado" renace en el vocabulario del venezolano.

El último golpe de Estado que se produjo en Venezuela fue en abril de 2002, y sacó brevemente del poder al fallecido presidente Hugo Chávez, para que un gobierno se instaurara en un fugaz periodo de tres días.

El anterior a ese fue cometido por el propio Chávez, en 1992, que entonces era un desconocido teniente coronel del Ejército, y aunque fracasó en la táctica, levantó las pasiones de sus partidarios que luego le convirtieron en presidente en una elección democrática.

Otros 10 alzamientos anteriores a estos, determinan el archivo de la frágil historia republicana y democrática de Venezuela.

Ahora, con un Parlamento opositor pero estéril, la fiscal general Luisa Ortega, beligerante pero destituida, y las protestas callejeras disminuidas y con un liderazgo atomizado, el sector que cree en la necesidad de un cambio de Gobierno vuelve a depositar sus esperanzas en un alzamiento militar.

El propio presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, ha hecho la misma petición enlatando la idea en distintos envases. No hace mucho sugería desde la Cámara que cualquier uniformado que decidiera revelarse al Gobierno para defender a los ciudadanos, sería perdonado por la historia.

Hace menos tiempo los mismos opositores promovieron una consulta ciudadana en la que le pedían a los venezolanos votar a tres preguntas, en una de ellas para pedir a la Fuerza Armada que se apartara del Gobierno, y se pusiera del lado del Parlamento, una forma de relación que no existe en la Constitución y que conduce a una vía de insurrección.

En Venezuela la Fuerza Armada tiene una connotación superior, los militares han permeado en casi todos los niveles de la sociedad y el Estado, dirigen buena parte de las carteras del Gabinete, las fronteras, la seguridad ciudadana, la alimentación, banca pública, gobernaciones, alcaldías, aduanas, puertos y aeropuertos.

Para el Ejecutivo es también fundamental pavonear el respaldo militar como un gesto de aprobación al Gobierno, pues el respaldo de las tropas indica una capacidad de maniobra y gobernabilidad a veces superior al que da el respaldo popular en las urnas.

Aunque gran parte del golpe se alimente del imaginario colectivo, no quiere decir que no esté ocurriendo nada dentro de la Fuerza Armada, que durante las últimas semanas ha detenido a varios oficiales por estar incursos en presuntos planes de insurrección, dos de ellos oficiales generales.

Dos exjefes de inteligencia y contrainteligencia se han vuelto cada vez más críticos al Gobierno, y en los últimos tres meses se reestructuraron todos los mandos militares, empezando por el propio general Vladimir Padrino, dejado al frente del Ministerio de Defensa, pero separado del mando estratégico.

Además se removieron los comandantes de la Guardia Nacional, Ejército, Aviación, la Armada, y las Milicias Bolivarianas, en sus puestos se han nombrado a generales con lealtades probadas en los últimos años.

Analistas del tema militar subrayan el hecho de que varios de los oficiales generales que se han distanciado del Gobierno de Maduro formen parte del grupo conocido como el 4F, que acompañó a Chávez en la fallida asonada del 4 de febrero de 1992.

No obstante uno de ellos, el mayor general Miguel Rodríguez Torres, exministro de interior y exjefe de Inteligencia, explicaba en un auditorio lleno de opositores que "cualquier 'camino verde' que se quiera imponer para salir de la crisis conduce a errores históricos".

Esta mañana un grupo de jóvenes asaltó un cuartel militar para robar las armas del parque, ha logrado penetrar una de las bases militares del grupo de blindados de Ejército más importante del país, y el hecho despierta los fantasmas de un país que teme que un día amanezca de golpe.

EFE

Sao Paulo.- La investigación de la trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras ha movido los cimientos de la política brasileña y causado un vendaval en el campo empresarial, dejando entre rejas a algunos de los hombres más ricos de Brasil.

La operación en Petrobras ha caído como un jarro de agua fría sobre algunas de las principales compañías del país y ha puesto contra las cuerdas a importantes empresarios del gigante suramericano, abriendo la caja de truenos de la corrupción en Latinoamérica.

El caso Petrobras ha arrastrado con fuerza a las cinco mayores empresas de construcción civil de Brasil -Odebrecht, OAS, Andrade Guitiérres, Carmargo Correa, Queiroz Galvão- y ha alcanzado a algunos de sus principales dirigentes, arrastrándolos de la línea de frente de los negocios hasta la prisión.

Odebrecht, una de las constructoras más importante de América Latina, ha tenido un papel clave en la trama que durante una década operó en la estatal, según constató la Fiscalía, y ahora está dispuesta a pasar página y confesar cómo operó la red corrupta.

Su expresidente, Marcelo Odebrecht, ya ha sido condenado a 19 años y 4 meses de prisión por su implicación, lo que le ha llevado a firmar, junto con otros 76 exejecutivos de la compañía, una acuerdo de cooperación judicial que ya ha sido calificado por los medios locales como la "delación del fin del mundo".

Odebrecht, de 48 años y quien cumple pena en una prisión de Curitiba (sur) desde 2015, llegó a figurar ese mismo año entre los 20 mayores millonarios de Brasil con una fortuna de 13.100 millones de reales (unos 4.200 millones de dólares), pero salió de ella el año pasado en medio del terremoto judicial.

Quien sí continuó en la lista de personas más acaudaladas en 2016, a pesar de su detención en 2015, fue el banquero André Esteves, expresidente y fundador del BTG Pactual, acusado de prestar dinero al exsenador del Partido de los Trabajadores (PT) Delcidio Amaral para sobornar a testigos.

Su implicación en el caso también le tocó el bolsillo y su patrimonio se redujo unos 1.000 millones de dólares tras verse envuelto en el escándalo.

No obstante, a pesar de la reducción de su riqueza, el empresario de 48 años, una de las figuras más influyentes del mercado financiero y que actualmente se encuentra en libertad, continúa con una fortuna de más de 1.500 millones de dólares, según Forbes.

La última detención de un magnate brasileño se dio el pasado enero, cuando el que fuera el séptimo hombre más rico del mundo, Eike Batista, puso un pie en Bangú, una cárcel de Río de Janeiro donde también se encuentra el exgobernador del estado Sergio Cabral, con quien tejió negocios corruptos.

Batista, cuya fortuna llegó a sobrepasar en 2012 los 30.000 millones de dólares, pasó de tener un Lamborghini Aventador LP700-4 como objeto decorativo en la enorme sala de su casa a dormir en la litera de una celda de 15 metros cuadrados junto con otros presos.

Presumió durante años del lujo y llegó a expresar su deseo de convertirse en el empresario más acaudalado del mundo, pero sus sueños se derrumbaron junto con su imperio, que operaba en minería, petróleo, diamantes, energía, logística y hasta en la industria del entretenimiento.

La cárcel de la Policía Federal en Curitiba, ciudad convertida en epicentro de las investigaciones de Petrobras, es el nuevo hogar del expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro, quien ya ha comenzado a negociar un acuerdo de cooperación judicial a cambio de una reducción de su pena.

Los expresidentes de Camargo Correa Dalton Avacini y de Andrade Gutiérrez Otávio Marques de Azevedo, por su parte, se encuentran en prisión domiciliar, mientras el de Queiroz Galvão Dario de Queiroz recurre a la condena en libertad.

Las investigaciones en Petrobras, iniciadas hace tres años, sacaron a la luz el pacto tácito firmado entre empresarios, políticos y ejecutivos de empresas estatales para sustentar una red corrupta que durante más de una década desvió miles de millones de los cofres públicos.

EFE/Foto EFE: La Justicia brasileña suspendió de manera cautelar, el 8 de febrero de 2017, el nombramiento de Wellington Moreira Franco como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia al estar salpicado por el gigantesco caso de corrupción en Petrobras.

Cansados de una desacreditada clase política y tras un año marcado por la crisis institucional y económica, los brasileños han pasado factura a sus políticos con un récord de abstención y votos blancos y nulos en las elecciones del domingo, pese a que en Brasil es obligatorio votar.

En conjunto, abstenciones, blancos y nulos suman 10,7 millones, es decir, el 32,6 por ciento de los 32,9 millones de electores convocados a las urnas en la segunda vuelta de las municipales.

En Río de Janeiro, más de 2 millones de electores -el 41,5 por ciento- se abstuvieron o depositaron papeletas nulas o en blanco, una cifra que supera los 1,7 millones de votos que logró el obispo evangélico conservador Marcelo Crivella, nuevo alcalde de la ciudad.

Para el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gilmar Mendes, este fenómeno refleja un "distanciamiento" entre los votantes y la clase política.

La elevada abstención ya llamó la atención de la clase política en la primera vuelta y el presidente de Brasil, Michel Temer, reconoció que era un mensaje de la población.

Entre las más llamativas abstenciones de la jornada, las de los expresidentes Luiz Inacio Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff, con una actitud poco ejemplarizante para sus votantes tras la histórica derrota sufrida por el Partido de los Trabajadores en estos comicios.

Lula argumentó que con 71 años no está obligado a acudir a las urnas y la expresidenta decidió visitar a su madre en Belo Horizonte.

Sus distritos electorales, Sao Bernardo del Campo, en el estado de Sao Paulo, y Porto Alegre, serán gobernados por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), adversario histórico del PT y el gran vencedor de este proceso electoral.

El PT no logró ganar ninguna de las capitales que se jugaba el domingo y en este proceso, que comenzó con la primera vuelta, el 2 de octubre, ha perdido más del 60 por ciento de sus alcaldías, pasando de 638 a 254: Cerca de 10 millones de sus votos se han evaporado.

Ni siquiera ha conservado los municipios del antes conocido como "cinturón rojo" de Sao Paulo, su granero electoral.

Tampoco Socialismo y Libertad (PSOL), una escisión del PT que acarició el sueño de gobernar en Río de Janeiro con la candidatura de Marcelo Freixo, ha conseguido avanzar y se ha quedado con las dos alcaldías que ganó hace cuatro años.

El PSDB, por el contrario, se ha consolidado y ha sumado más de un centenar de gobiernos municipales, incluyendo siete de las capitales y la mayor ciudad de Brasil, Sao Paulo, donde Joao Doria, un empresario millonario y sin experiencia, se impuso por sorpresa en primera vuelta.

Mientras, el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), el más importante del país, liderado por el presidente Temer, apenas ha sabido rentabilizar su posición como fuerza gobernante con 17 nuevas alcaldías.

Con independencia de sus siglas políticas, las grandes perdedoras de la jornada fueron las mujeres: Sólo hubo un 5 por ciento de candidatas el domingo y únicamente una de las capitales brasileñas, Boa Vista, en el noroeste, tendrá una alcaldesa.

Las cifras confirman que, en Brasil, la política es todavía un terreno muy difícil para las mujeres pese a que la normativa establece que cada partido reservará "un mínimo del 30 por ciento y un máximo del 70 para candidaturas de cada sexo".

AGENCIAS/Foto: EFE