…“Cuando se agreden los derechos humanos, quien no reacciona proporcionalmente a la gravedad del caso no tiene sentido de responsabilidad…”<2028>Pa´i Oliva


Este 28 de junio se conmemoró el 21 aniversario de la matanza de 17 campesinos en la comunidad de Aguas Blancas, cerca de Acapulco en el estado de Guerrero (México). Un genocidio impune, en el cual integrantes de la organización campesina de la Sierra Sur (OCSS) fueron emboscados por policías de agrupamiento motorizado a cargo del gobierno estatal, representado por el gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Los campesinos masacrados se dirigían a demandar del gobierno acceso a agua potable, escuelas, servicios médicos y caminos; la respuesta del gobierno fue liquidarlos.

Las pesquisas en derechos humanos buscaron enjuiciar a los responsables, pero el gobernador del estado solo dimitió a su cargo y el presidente de la república Ernesto Zedillo fue protegido por el sistema gubernamental de su partido político (el Partido Revolucionario Institucional –PRI-) desde la cámara legislativa hasta la suprema corte de justicia. Después de 21 años, las viudas y huérfanos ha recibido algunos apoyos económico para retener sus protestas y generar un clima de conformidad desalentando las acciones nacionales e internacionales de organizaciones de derechos humanos.

Limitadamente la comunidad mexicana se indignó por la masacre, después se olvidó pensando que eran problemas solo de unos campesinos en Guerrero. Pasaron los años y no hubo coberturas amplias en los medios, no hubo banderitas tricolores en los perfiles de Facebook; ni marchas de protesta en las calles. Ante el bajo perfil de indignidad, llegaron otras matanzas y agresiones asociadas al gobierno, como Acteal (1997, 45 indígenas asesinados en Chiapas por paramilitares), Atenco (2006, violencia, detención de campesinos y violación sexual a campesinas por policías estatales en el estado de México), Tlatlaya (2014, asesinato de 22 personas, la mayoría centroamericanos en el estado de México a cargo del ejército), Ayotzinapa (desaparición de 43 estudiantes y asesinato de otros mas por policías estatales), Nochixtlán (2016, asesinato de 8 profesores a cargo de la policía estatal de Oaxaca), Veracruz (del 2010 a 2016, asesinato y desaparición de cientos de personas, entre ellos periodistas y defensores de derechos humanos).

Paraguay ahora es lo que México hace 21 años: el 22 de junio de 2012, un grupo de 17 campesinos guaraníes de la comunidad de Curuguaty fueron emboscados por la policía nacional en un proceso de indebido desalojo, en el que la policía defendió terrenos del político y latifundista Blas Riquelme, tierra obtenida en la dictadura paraguaya de Stroessner (1952-1989). En ese momento, los niveles políticos del partido Asociación Nacional Republicana (el “Partido Colorado” al que pertenecía Riquelme) similar en organización y sistematización al PRI mexicano, respaldó un juicio político contra el presidente progresista Fernando Lugo, en un golpe de estado para regresar el poder al Partido Colorado. A diferencia de México, la matanza de campesinos fue tomada para generar procesos legislativos y penales en contra de un gobierno de oposición. A diferencia de México, los campesinos victimizados han sido culpabilizados en un juicio que atenta contra la mínima inteligencia.

Las protestas de los paraguayos han sido de bajo perfil, como las de los mexicanos hace 21 años. Son escasas las marchas y manifestaciones frente al palacio de justicia, al igual que las inconformidades por las redes electrónicas. Paraguay parece que está casi como México hace 21 años, por lo que podrían venir cosas peores.

Ante la apatía sudamericana ¿qué podría pasar?, ¿acaso por esta resignación guaraní vendrán réplicas como las mexicanas de Acteal, Tlatlaya, Atenco, Veracruz o Oaxaca?. Sin duda la antipatía a las manifestaciones de injusticia es el alimento para los sistemas latinoamericanos que hacen de los cacicazgos nacionales un imperio que actúa similarmente.


Por: Carlos De La Rocha

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