Javier Duarte de Ochoa y sus diputados locales afines decidieron ir hasta el final con lo que probablemente sea -aunque siempre pueden sorprendernos- su último acto de abierto y descarado agravio a los veracruzanos.

Este jueves 21 de julio, la LXIII Legislatura del Estado aprobará la iniciativa de decreto para que los recursos recaudados por concepto del impuesto de tres por ciento a la nómina se destinen al pago de la deuda del gobierno estatal con proveedores y contratistas. Esto, a pesar del abierto y total rechazo del sector productivo de Veracruz, que es el principal contribuyente de ese gravamen.

Ya se ha expuesto aquí anteriormente el despropósito que implica esta enmienda irresponsable y malintencionada. Gracias al voto de los diputados filoduartistas, se le tendrán que pagar 27 millones de pesos a medios que sirvieron de “tapete”; o más de 20 millones a empresas como Eureka Estrategia y Comunicación, uno de cuyos socios, Carlos Acevedo, ha sido y sigue siendo funcionario estatal.

Pero la impudicia va todavía más allá. El dictamen que aprobarán los serviles diputados locales establece que los dos fideicomisos que se crearán para recaudar y pagar los más de once mil millones de pesos que reconoce como pasivos la administración duartista tras el último ajuste -luego de que les cayeron en la “maroma” queriendo pagar millonadas a empresas “fantasma”-, son irrevocables, con lo que le amarran las manos al siguiente gobierno estatal, que tendrá que recurrir a acciones de inconstitucionalidad para dar marcha atrás a estas imposiciones transexenales.

Además, el dictamen señala que el nuevo Fideicomiso Irrevocable de pago a Proveedores y Contratistas para el Saneamiento del Estado de Veracruz (Fidesan) tendrá la facultad de integrar nuevos pasivos circulantes que no se encuentren en el listado actual. O lo que es lo mismo, la deuda se puede incrementar y la fuente de pago sería la misma.

Asimismo, se extinguirá el actual fideicomiso del impuesto a la nómina, al que la Secretaría de Finanzas le debe, según cálculos de las cámaras empresariales, unos cuatro mil 500 millones de pesos. Aunque entre los diputados se estima que el adeudo llega a los seis mil millones. En el decreto no se aclara qué va a pasar con ese pasivo, aunque tal pareciera que quieren que o bien se pague a sí mismo, o de plano aplicarle un “borrón y cuenta nueva”.

A pesar de que el secretario de Finanzas Antonio Gómez Pelegrín dijo que las listas definitivas de acreedores serían avaladas con la firma de los titulares de cada una de las dependencias estatales, esto no fue así. Quienes firman las listas incluidas en los anexos I y II a la iniciativa de decreto por parte de las secretarías son los jefes de las unidades administrativas. Ningún secretario de despacho, salvo Gómez Pelegrín, asumirá responsabilidad alguna.

Después de esto, el periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura local habrá concluido prácticamente, y con ello, entrará en su última fase de extinción el sexenio. El gobernador Duarte y sus diputados habrán martillado el último clavo del ataúd de su descrédito.

Réplica

de Alberto Silva

Vía correo electrónico, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz, Alberto Silva Ramos, envió una aclaración a lo publicado en la anterior entrega de la Rúbrica, que a continuación se reproduce íntegra:

“Las opiniones sobre lo público pueden ser debatidas aunque siempre deben respetarse. Sin embargo los hechos son irrebatibles y considero deben ser aclarados. Por ello te manifiesto que no tengo ninguna propiedad en los Estados Unidos de América, tampoco mi esposa, mis hijos, hermanos ni sobrinos. Para mayor presición (sic) el próximo lunes presentaré mi declaración 3 de 3 misma que si me permites te enviaré por esta vía, en donde se incluye mi declaración patrimonial, mi declaración de impuestos y la de conflicto de intereses. Te envío un cordial saludo. Alberto Silva Ramos”. 

Servido.


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