Caracas, Venezuela.- El chavismo desplegó ayer con fuerza la táctica del miedo, ahora contra opositores y hasta funcionarios públicos.

Después de amenazar el lunes con despedir a miles de funcionarios por apoyar la convocatoria de un referendo revocatorio, el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro alertó ayer de presuntos planes violentos para una megamarcha antigubernamental que la disidencia planea para el 1 de septiembre, que ha apodado "Toma de Caracas".

"Ellos (los opositores) van a provocar que le den un tiro a alguien, ellos van a provocar un muerto", afirmó el vicepresidente Aristóbulo Isturiz.

Las declaraciones parecen ser un intento de atemorizar a aquellos venezolanos que planeaban participar en la manifestación, convocada para exigir que se lleve a cabo una consulta este año -mecanismo previsto en la constitución del país sudamericano- sobre si Maduro debería o no quedarse en el puesto.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) necesitaba conseguir casi 200 mil rúbricas para el primero paso del proceso, y terminaron sumando alrededor de 2 millones. Al final, el Consejo Nacional Electoral (CNE) validó poco más de 400 mil firmas.

Entre los signatarios, habría 4 mil funcionarios públicos que ahora acusan hostigamiento por parte del Gobierno.

"La gente que está adentro (de los organismos públicos) está viviendo el verdadero terrorismo", afirmó Yelitza Badell, abogada despedida en julio del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera.

"Eso es un infierno. La amenaza es: 'el que se atreva, lo despiden'", aseguró Badell.

De hecho, este lunes el oficialismo anunció que a más tardar hoy deberán ser cesados todos los servidores que han apoyado el revocatorio.

La opositora MUD respondió que esos llamados representan un modo de extorsión gubernamental y pidió a la Fiscalía pronunciarse al respecto, especialmente tras denunciar que con ello el oficialismo desincentivaría la participación en la próxima ronda de recolección de firmas para el referendo.

El CNE retrasó que el proceso empiece hasta finales de octubre y ahora será necesario recopilar hasta 4 millones de rúbricas.

"Ningún trabajador al servicio del pueblo puede ser botado por su tendencia política. Que después no se queje Maduro cuando lo lleven a una corte internacional por violaciones a los derechos humanos. Este Gobierno está tratando de desmotivar a la gente de cara al 1 de septiembre porque sabe que el 80 por ciento quiere cambio", añadió, por su parte, el Gobernador Henrique Capriles, ex candidato presidencial opositor.

Hasta el chavista Tarek William Saab, Ombudsman venezolano, indicó que el trabajador sólo debe ser medido según su desempeño.

REFORMA/Foto: EFE