Orizaba.- Más de cuatro meses han transcurrido desde la primera agresión de policías municipales a comerciantes indígenas de Ixhuatlancillo, ocurrida el pasado 20 de febrero.

Desde entonces, la comisión de comerciantes comenzó un movimiento social para que les asignaran espacios donde vender sus productos, además del cese a las agresiones y discriminación que, aseguran, se perpetra hace más de una década en contra de su pueblo.

En un principio las comerciantes exigieron al Ayuntamiento de Orizaba 250 lugares para vender en todo el Centro Histórico.

Ahora sólo piden 40 sitios provisionales para vender al costado del mercado Melchor Ocampo.

Originalmente, los comerciantes intentaron involucrar a los organismos defensores de derechos humanos, como la Comisión estatal y nacional de Derechos Humanos, la misma ONU y diputados de izquierda.

Ahora, su única carta fuerte es Bernalda Rosas, quien se debate entre la vida y la muerte por una huelga de hambre que ya lleva 35 días.

De morir, la responsabilidad recaería en el alcalde Juan Manuel Diez, aseguró Martín Cabrera Zavaleta, exalcalde priista de Orizaba.

“Un drama por la falta de responsabilidad pero sobre todo de amor a la vida de este alcalde Juan Diez, que tememos va a pasar de represor a asesino”, aseveró.

En tanto Norma Rocío Nahle García, diputada federal de Morena, presentará este miércoles un punto de acuerdo en el Congreso con el que iniciará un juicio político contra Diez Franco.



César Carrillo/El Mundo de Orizaba