II Yamilet Gámez

El Mundo de Orizaba

 

Cerrar “La Tomita” afectaría económicamente a las familias de los detenidos y a los empleados de ese lugar, comentó el presidente de la Barra de Abogados Postulantes de Orizaba Veracruz A.C., Miguel Ángel Salazar.

Sobre los actos de corrupción agregó: “en todos los centros donde las personas están privadas de su libertad, hay quienes abusan, que piden dinero para que metan su comida, para que tengan visitas, siempre se ha sabido que ocurren actos de corrupción en cualquier tipo de prisión, no todos, pero algunos sí”. 

En caso de que “La Tomita” desaparezca se estarían violando las garantías del buen procedimiento, aunado a ello, las familias, los abogados y los trabajadores en esta cárcel se verían afectados, porque ello implicaría invertir más recursos económicos para ver a sus familiares en otro punto y los empleados quedarían sin esta fuente de trabajo.

“Las personas están recluidas preventivamente, no están sentenciados, se les denomina presuntos culpables, no están cumpliendo una condena, están sujetos a proceso, pero deben estar en un lugar que esté en la jurisdicción de Orizaba”, apuntó. 

Dijo que los reclusos pueden ampararse para no ser trasladados a La Toma o, bien, las autoridades y la población pueden presionar para que no sean trasladados y se busque reubicarlos en Orizaba un espacio amplio.

Respecto a los actos de corrupción, comentó que estas prácticas afectan la economía de los familiares, ante esto, dijo que es importante que los afectados denuncien estos actos de atropello, los cuales por temor a represalias no son investigados. “Yo he tenido conocimiento de que luego les dan hasta tres mil pesos diarios, en La Toma les piden entre dos mil y tres mil diarios, como son de Córdoba le piden más dinero a los que vienen de otros lugares y si no cumplen con lo que se les pide, los golpean, eso siempre ha existido”, indicó.

Mencionó que el alcalde como autoridad tiene las facultades para impedir el traslado de los reclusos, “Como buen mandatario, debería cumplir su promesa de construir un reclusorio, luego de que se destruyó el del centro, destruyendo a las familias también, entonces, hoy toca reconstruir esto”.

En este sentido, el abogado Othón Ramírez comentó que con el cierre de “La Tomita” se corre el riesgo de que desaparezca el Distrito Judicial XV, los reos estarían en un lugar diferente de donde cometieron el delito.

“La ley penal establece que debe ser juzgado por el lugar donde se comete el delito, entonces, nosotros debemos tener un reclusorio”, aseguró.