El gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, emitió un decreto que retira el apoyo del Estado para el equipamiento tecnológico y capacitación de personal en las salas de juicios orales, indispensables para la aplicación del nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral vigente.

Ríos Alvarado argumenta que el Estado debe ahorrar recursos, por lo cual concluyó que la operación de las salas de juicios orales "no es prioridad", dejando sin posibilidades de modernización y equipamiento estas salas, que iniciaron de manera improvisada en todo el estado el pasado 18 de junio.

Así, según el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, queda abrogado el decreto de Javier Duarte de Ochoa que creaba el fideicomiso para dotar de recursos al Poder Judicial para equipar los nuevos juzgados y capacitar al personal.

Este fideicomiso quedará inoperante para el próximo año fiscal, sin embargo, durante todo 2016 no fue entregado al Poder Judicial, lo que se tradujo en instalaciones improvisadas, rentadas y sin las especificaciones que requieren las salas de juicios orales.

Así mismo, durante este año el Poder Judicial no pudo acceder al Fondo de Infraestructura y Equipamiento de 200 millones de pesos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), debido a que el gobierno estatal tenía que aportar 100 millones de pesos, y no lo hizo.

La medida se da en el marco de un proceso de "racionalización del gasto de operación" que prioriza la atención a las necesidades de la población, y este rubro no fue considerado como vital por el Gobierno.

César Carrillo/El Mundo de Orizaba