A través de un comunicado, diferentes organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen los actos de hostigamiento y amenazas de las que han sido objeto los defensores de las tierras que serán destruidas por la obra del periférico Córdoba-Orizaba.

En el escrito, refieren que los campesinos de las comunidades de Alpopoca, Campo Chico, Exhacienda, Ejido Ixtaczoquitlán, Zapoapan, organizaciones independientes y ambientalistas en Veracruz, que desde el 2014 han ejercido de manera permanente el derecho humano a la protesta ante la imposición del proyecto de tipo carretero que fue determinado de manera unilateral por el Gobierno del estado de Veracruz, en favor de la empresa Consultora Mexicana S.A de C.V, Caseoli y empresa Giga.

El documento dice que el personal de las empresas “han hostigado, intimidado y pretendido corromper a los habitantes de las comunidades y sus representaciones ejidales para que vendan sus propiedades”.

Para la Red de Defensa de los Derechos Humanos es preocupante que gobierno y empresas pretendan imponer sus proyectos de alto valor lucrativo a costa de dañar las condiciones de vida de las comunidades afectadas”, reza el documento.

Señalan que el proyecto provoca desplazamiento forzado en las comunidades debido a que modifican completamente los procesos sociales, culturales, económicos, en deterioro de la región afectada.

La Red de Defensa de los Derechos Humanos, de Puebla, con base en el artículo 8 de la Constitución Política mexicana, solicitó el cese del hostigamiento e intimidación.


Gisela Hernández M./El Mundo de Orizaba