La aprobación de la Ley 3de3 eliminará la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses a cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos. Esto, tras modificarse el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidad Administrativas.

Los senadores consideraron que esta obligación resultaba innecesaria, debido a que permitir a las autoridades conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción.

Presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses podría también afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal.

Únicamente estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, todos los servidores públicos.


Pero sí a contratistas

El presidente de la Comisión de Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero Morales, aclaró que con las modificaciones no se exime, por ningún motivo, a la iniciativa privada y a los contratistas, que deseen prestar un servicio al gobierno, de la responsabilidad de presentar una declaración, que diga que están al corriente de obligaciones tributarias.


Jéssica Ignot/EL MUNDO DE ORIZABA