II Gisela Hernández M.

El Mundo de Orizaba


Este viernes el grupo de litigantes del Foro de Abogados realizaron un plantón frente a la sala de juicios orales, luego acudieron a La Tomita para exigir que se mantenga el Centro de Internamiento Temporal, y finalmente entraron a reunión con Juan Ramón Herebia para acordar que se vayan los reclusos y solicitar que Orizaba tenga su Palacio de Justicia.

En sus acciones, los abogados iniciaron a los 10:30 horas y luego a las 12 ya estaban afuera de las instalaciones de la Policía Municipal, en donde se plantaron en el camellón frente a La Tomita, donde el director jurídico de Gobernación, Érick Morales, les pidió que pasaran.

En el lugar, cinco abogadas integrantes del grupo fueron recibidas por el director de Gobernación, Juan Ramón Herebia, quien escuchó las peticiones en relación a las necesidad de que se mantenga el proyecto de justicia penal en Rincón Grande para la creación del Palacio de Justicia, que no se ha hecho.


No saben adónde

La abogada Engracia Lezama, expuso que la situación actual para los procesos es que los detenidos no cuentan con un lugar para mantenerse detenidos mientras se resuelve su situación jurídica, “familiares de algunos internos desconocen dónde están sus detenidos”.

Señaló que se debe dar solución y las autoridades están obligadas, ya que en casos de delitos menores –como el deber de dar alimentos– no se podrá detener al señalado o qué va a pasar en esos casos.

Explicaron que la cabecera distrital es Orizaba y el centro de internamiento hacía las funciones de reclusorio y volverán a llevarlos a Amatlán, Zongolica y Coatzacoalcos.


Corrupción

El director de Gobernación, Juan Ramón Herebia, les indicó que desde 2008 se ordenó la remoción del reclusorio porque en ese lugar se violaban los derechos de los recluidos, además de que Gobierno del estado prometió la construcción de un edificio de Justicia.

“La función (de La Tomita)era que el detenido se internaba, corría el término y se iba a otro reclusorio”, comentó.

Sin embargo, dijo que el lugar era un sitio de corrupción con 42 internos, entre ellos una mujer, por lo que el funcionario tuvo que blindar las instalaciones pues pensó que podría presentarse un motín.

Ramón Herebia dijo que el convenio con el Ayuntamiento expiró el 31 de diciembre de 2010 y se solicitó a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que se retiraran del lugar, pero no lo hicieron.

“Se llevaron 24 y dejaron a 10, que están pagando para que no se los lleven… ayer salió uno”, dijo.

La reunión concluyó con la promesa de una reunión directa con el alcalde, Juan Manuel Diez, y llevar a cabo cursos y prestar las instalaciones para realizar talleres con los litigantes.