Xalapa.- La renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, no basta ni es suficiente para resarcir el daño hecho durante los cinco años que estuvo en el cargo, donde hubo un aumento en las desapariciones forzadas y la persecución a grupos sociales, coincidieron en señalar académicos y activistas.

Sin embargo, desde su llegada a la dependencia, el 3 de julio de 2011, los señalamientos de policías involucrados en la desaparición forzada de personas, los operativos para bloquear y reprimir manifestaciones,y el aumento de los índices de delitos de alto impacto fueron evidentes.

Levantan a 19

Cuando era secretario, la tarde del 2 de agosto de 2013 fueron levantadas por policías estatales 19 personas en la comunidad de Potrero Nuevo, en el municipio de Atoyac.

Eran alrededor de las seis de la tarde, cuando un comando armado integrado por más de diez patrullas estatales con policías encapuchados, recorrió el pueblo, conforme fue avanzando, por las calles, el campo de fútbol, el bar, se fueron llevando gente. De los hechos hay testigos, se conocen algunos números de patrullas, la 0812,1420 y 1154, otras tenían el número tapado con cinta, pero nadie sabe más de los desaparecidos.

Caso Gibrán Martiz

A esta denuncia se suma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien emitió su recomendación 14/2015, dirigida al gobernador, Javier Duarte de Ochoa, por el caso de tres personas víctimas de desaparición forzada por policías estatales, el 7 de enero de 2014, una de ellas Gibrán Martíz, cantante de la Voz México.

El colectivo por la paz Xalapa, ha dicho que tiene documentado que el 80 por ciento de los casos de desapariciones están vinculada a policías estatales.

Caso Tierra Blanca

El 11 de enero de este año, cinco jóvenes, entre ellos una menor de edad fueron detenidos por policías estatales en Tierra Blanca. Cámaras de vigilancia ubicadas en la zona permitieron identificar que fueron elementos quienes los detuvieron y subieron a una patrulla.

Los padres se instalaron en el Ministerio pública de Tierra Blanca, desde ahí encabezaron una lucha por encontrar a sus hijos, que derivó en la detención de Marcos Conde Hernández, delegado en la región y una decena de policías más.

El caso evidenció la corrupción de la policía estatal: que el delegado ya había estado vinculado a otras desapariciones, que los policías implicados había reprobado los exámenes de confiabilidad, y que el secretario Bermúdez sabía de los ilícitos de Marcos Conde y nunca hizo nada.

Más jóvenes en Papantla

Dos meses después, el 8 de marzo de 2016, tres jóvenes desaparecieron en Papantla, esta vez a manos de la policía municipal. El resultado de la investigación permitió la aprehensión de ocho policías, quienes declararon que habían entregado a los jóvenes a la delincuencia organizada.

Estas desapariciones evidenciaron que la policía estatal estaba involucrada, y era quien se llevaba a sus familiares.

¿Y los desaparecidos?

Sara González, del Colectivo Xalapa, logró identificar varios casos, de los 55 que integran el colectivo, en donde más del 80 por ciento está vinculado a desapariciones forzadas.

“Hay casos donde están coludidos policía estatal, municipal, marinos y el ejército y en estos casos los expedientes no avanzan porque se protegen unos a otros”, señaló.

Sara cuestiona dónde quedan los familiares de desaparecidos cuando las acusaciones hacia Bermúdez son por enriquecimiento ilícito.

Debe rendir cuentas

La integrante del colectivo “Solecito”, María de los Ángeles Díaz Genaod, consideró que el ahora ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, debe rendir cuentas a los veracruzanos por las desapariciones.

“Esa es la realidad del estado de Veracruz, Arturo Bermúdez, tendrá en su momento, yo no sé si ahora, no sé cuándo, pero tendrá que rendir cuentas porque todo esto que está sucediendo él es el responsable de seguridad pública, de alguna u otra manera él tiene que rendir cuentas”, apuntó.

Delincuencia en gobierno

Movimientos Sociales, estudiantiles y magisteriales también fueron agredidos durante la gestión de Arturo Bermúdez Zurita al frente de SSP. Alejandro Saldaña Rosas, académico de la Universidad Veracruzana, afirma que la renuncia es un primer paso, pues lo que debe seguir es una investigación a fondo.

“Sabemos que la delincuencia en Veracruz está organizada desde las estructuras del gobierno, y desde la Secretaría de Seguridad Pública, y la Secretaría de Gobierno, de tal manera que tenemos delincuencia organizada y organizada”, dijo.

A su consideración no basta con la renuncia del secretario, pues dijo que hay otros temas donde puede estar implicado como las desapariciones, y su intervención en la persecución y hostigamiento a grupos sociales.

AGENCIA AVC